Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.

Sobre la Democracia.

jueves, 25 de mayo de 2006

No hay castigo para los delitos informáticos

Nota publicada por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Espionaje a políticos y periodistas
Jueces y expertos advierten que existe un “vacío legal”

La investigación sobre el espionaje contra las cuentas de correo electrónico (e-mail) de políticos y periodistas realizado durante el último fin de semana puede quedar en la nada, al igual que muchas otras causas por hechos similares: ocurre que en la Argentina no existen penas específicas para los delitos informáticos ni técnicas adecuadas para perseguir esos crímenes.

Así lo manifestaron a LA NACION especialistas en la materia –y, en forma reservada, jueces y fiscales–, que alertaron sobre el riesgo de que la Argentina pueda transformarse en un virtual “paraíso informático”.

El problema viene desde hace varios años y, pese a las advertencias, los proyectos legislativos sobre el tema cayeron sucesivamente en desgracia, dejando sin cambio el vacío legal. La última iniciativa que envió el Poder Ejecutivo obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados en agosto de 2002, pero nunca se convirtió en ley.

"Esperemos que este último ataque movilice a los legisladores para que de una buena vez avancen en este sentido. La necesidad de un tratamiento y de una salida urgente se demuestra día a día", dijo a LA NACION el abogado Mauricio De Núñez, integrante de la comisión de expertos que elaboró el proyecto de 2002.

Para Marcos Salt, otro de los integrantes de esa comisión, la Argentina tiene un atraso importante en la materia. "Aunque algunos hechos podrían encuadrarse dentro de figuras tradicionales, hay un vacío sobre los delitos informáticos en general", dijo.

El experto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resaltó que en las últimas reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Argentina recibió pedidos sobre el tema. "Los reclamos apuntan tanto a la tipificación de los delitos informáticos como a la instrumentación de mecanismos de cooperación internacionales", agregó Salt.

Las Naciones Unidas también expresaron su preocupación sobre el tema en el último Congreso del organismo sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado el año pasado en Bangkok. Allí se recomendó a los Estados que "favorecieran la cooperación del sector privado en la investigación de los delitos informáticos".

El vacío legal también preocupa a algunos legisladores de la oposición. "En materia penal, la laguna jurídica es insalvable, toda vez que no hay norma que tipifique como delito la violación de la correspondencia electrónica y tampoco se permite aplicar de manera analógica otra norma parecida", consideró el vicepresidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Juan Carlos Marino (UCR).

Proyecto en marcha

En el Ministerio de Justicia informaron que la iniciativa elaborada el año pasado por una comisión integrada por representantes de esa cartera y de Cancillería se volcó en el anteproyecto de una reforma integral del Código Penal, presentado la semana pasada.

Esa iniciativa propone equiparar la violación de un e-mail a la de una carta de papel, delito que está penado con 15 días a seis meses de prisión, e introduce la penalización del daño informático, entre otras cosas.

"Existe un precedente jurisprudencial que equiparó la violación de un e-mail a la violación de una carta, pero es un caso aislado. Hoy no podríamos penar a alguien por hackear un e-mail", dijo a LA NACION un camarista federal.

Un juez del mismo fuero dio un ejemplo de las dificultades que deben superar en la investigación. "Para saber quién es el titular de una cuenta de Hotmail, hay que mandar un exhorto a Estados Unidos", contó.

En tanto, un fiscal explicó que en un caso de escuchas telefónicas descubrieron que el espionaje se hacía desde el exterior, a través de satélites. "La justicia penal no puede dar ninguna respuesta a eso", se resignó.

Otro juez consultado indicó que cuando un hackeo se hace desde un locutorio se puede constatar el hecho, pero no el autor.

El antecedente aislado que equiparó la violación de un e-mail a la de una carta data de 1999. Entonces la Sala VI de la Cámara del Crimen rechazó la desestimación de una demanda de directivos de la editorial Perfil contra el periodista Jorge Lanata.

Pero la necesidad de legislar sobre el tema fue advertida hasta por la Corte Suprema. De hecho, la comisión que elaboró el proyecto de 2002 se creó luego de que la Corte Suprema solicitó al Ministerio de Justicia que propiciara la legislación necesaria para sancionar delitos informáticos.

Unos meses antes, el juez federal Sergio Torres había sobreseído a un grupo de personas que había hackeado la página de Internet oficial del máximo tribunal. En su resolución, que luego quedó firme, el magistrado sostuvo que un sitio de Internet es algo inmaterial. "Una página web no puede asimilarse al significado de cosa. Ello es así, en tanto y en cuanto por su naturaleza no es un objeto corpóreo ni puede ser detectado materialmente", afirmó Torres.

El mismo magistrado procesó en 2002 a un hombre que había mandado un mail spam a la empresa en la que trabajaba. Claro que en ese caso, Torres no sancionó un delito informático, sino que aplicó la figura de daño. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y determinó que también se había producido una interrupción de las líneas de comunicación.

En materia de prevención también hay cuentas pendientes. Así lo advirtió Ariel Garbarz, el coordinador del Proyecto de Seguridad Teleinformática, una iniciativa de la UBA que supo impulsar el Gobierno. Para Garbarz, "hay tecnología suficiente, pero falta decisión política".

miércoles, 24 de mayo de 2006

Transparencia, ante todo

Editorial del diario Los Andes (17/05/2006)

Hace algún tiempo, y refiriéndonos a la necesidad de transparencia en los diversos estamentos que componen el Estado, indicábamos que quienes los dirigen por haber sido elegidos por la ciudadanía o por ser funcionarios de carrera, deben realizar un claro y correcto manejo de los dineros públicos.

La idoneidad a que se refiere la Constitución como condición para ocupar un cargo público se compone de una serie de atributos, entre los cuales pueden mencionarse la ejecutividad, el aporte de ideas constructivas para el avance social, la habilidad de proyectar hacia el futuro cursos de acción, entre otras. A ellas debe ser sumada una de las más apreciadas por la generalidad de la gente: la honestidad.

Todas estas virtudes establecen un balance que asegura a los votantes, que son los que aportan para el sostenimiento de las estructuras del Estado, que quienes conducen los destinos de la Nación en sus distintas jurisdicciones, obran correctamente, que sus intereses están bien servidos y que el país se encuentra a salvo de peligros.

Es entonces cuando se pueden establecer proyecciones para el futuro, y asegurar para quienes sucedan a las generaciones presentes un nivel de libertad y bienestar compatibles con los ideales que nutren a las instituciones democráticas.

Lo ideal, en todas las sociedades humanas, corre por un carril; lo real, por otro. Y eso se advierte especialmente en la Argentina, que ha sufrido grandes y penosas crisis por defectos en la conducción del Estado, la incapacidad de su dirigencia para elaborar proyectos con sentido de utilidad en lo inmediato y de progreso en lo futuro, la negligencia en el manejo de los asuntos públicos y los efectos de una corrupción que niega valores sustanciales de la cultura nacional.

Cuando se establecen las sospechas, y en muchos casos con fundamento, de que existe corrupción en sectores de la dirigencia, todo el sistema queda en cuestión; incluso aquellos integrantes del mismo que en realidad pueden estar desempeñándose con corrección y honestidad.

Y uno de los esfuerzos que deben realizarse para que esa corrupción quede acotada, sus cultores presos y se restaure la confianza popular, es el de insistir en que los actos del Estado deben ser dados en forma clara al conocimiento del público.

Los secretos, las componendas a espaldas del pueblo deben ser erradicados y procederse con absoluta transparencia para asegurar a los contribuyentes que sus intereses están siendo debidamente atendidos.

Hace algún tiempo, criticábamos a organismos del Estado que no habían cumplido con la presentación que por ley deben realizar de sus balances de gastos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Entre ellos, figuraban varias municipalidades. Indicamos que los términos de ley para rendir cuentas deben ser cumplidos estrictamente, ya que de otra forma se alimentan las sospechas de que algo no se está haciendo bien.

Luego, y de esto hace unos días, el público se entera de que el Estado provincial se apresta a disponer un operativo de salvataje de los municipios provinciales que habían asumido deudas en dólares, impagables para muchos desde la devaluación.

Esto no puede ser realizado en forma indiscriminada. En primer lugar debe determinarse qué destino tuvieron los fondos -y eso incluye a todos lo que manejan las comunas- y para ello debe presentarse documentación en regla, algo que, como indicamos, no se ha cumplido en todos los casos.

Luego, si los préstamos se aplicaron a fines útiles y no a suplir deficiencias en el manejo de los dineros comunales. Por último, y si se demuestra que las cosas estuvieron bien conducidas, sí se puede acudir en ayuda de aquellos municipios que realmente lo necesiten.

Transparencia, ante todo.

martes, 16 de mayo de 2006

El analfabetismo y la deserción escolar, dos temas que preocupan

Publicado por El Liberal

En la Argentina hay 720 mil chicos que no van a la escuela y 730 mil que no saben leer ni escribir

Aula Santiagueña (Foto: El Liberal) Santiago del Estero, junto con Misiones y Corrientes son los distritos del país en los que se registran mayores índices de analfabetismo y deserción escolar, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el que refleja, además, que más de 720.000 chicos argentinos quedaron fuera del sistema escolar, mientras que unos 730.000 mayores de quince años no saben leer ni escribir.
Los datos surgen del primer informe del monitoreo de la ley de financiamiento educativo elaborado por el Cippec y muestran a Santiago del Estero como uno de los distritos más perjudicados en relación con la tasa de escolarización y el analfabetismo como consecuencia de la crisis de la década de los 90 y la desigualdad educativa.
El estudio precisa que en Buenos Aires va a clase el 89,3 por ciento de los alumnos en condiciones de cursar los primeros dos años de la escuela media obligatoria, mientras que en Misiones sólo lo hace el 56,4 por ciento; en Santiago del Estero, el 58,7 por ciento; y en Corrientes, lo hace el 61,5 por ciento.
En lo que respecta al analfabetismo, también existen profundas desigualdades entre las provincias, ya que en Tierra del Fuego el 0,73 por ciento de la población no sabe leer ni escribir, en el Chaco el 8,96 por ciento y en Corrientes, el 7,16 por ciento.
La ley de financiamiento educativo que entró en vigencia recientemente, establece como metas principales terminar con el analfabetismo, que representa el 2,8% de la población argentina mayor de 15 años, y garantizar una escolarización obligatoria de diez años, a partir de la ampliación de la inversión en educación.
Los 720.000 alumnos que están fuera del sistema representan el 8% de la población escolar. Sin embargo, el promedio nacional de estos indicadores mejoró en la última década. En 1991 la tasa de escolarización del nivel medio era del 59,31% y una década después ascendió al 71,46 por ciento. Y la tasa de analfabetismo cayó del 3,90% en 1991 al 2,81 diez años después, de acuerdo con el informe publicado por el matutino porteño La Nación.
El estudio muestra las cifras oficiales disponibles sobre el sistema educativo, describe la situación educativa de cada una de las jurisdicciones y apunta a recabar datos concretos para luego avanzar hacia las metas que establece en 2010 la ley de financiamiento educativo.
“El elemento central del diagnóstico es la desigualdad, que se abrió en los años 90. Se trata de una desigualdad pavorosa por el retiro del Estado nacional. Todas las medidas que estamos tomando tienen en cuenta este diagnóstico y buscan generar igualdad, ya sea en el campo financiero, con la ley de financiamiento educativo, y en el campo de la calidad, a través de la ley de educación nacional, que se está empezando a discutir”, dijo a La Nación el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus.
Otro de los puntos analizados en el informe es la tasa de escolarización en el Nivel Medio: el mejor porcentaje de cobertura escolar le corresponde a Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires, con el 84,3%, seguidas por la provincia de Buenos Aires (78,8%), Santa Cruz (75,8%) y Chubut (75,1%). En el extremo opuesto están Santiago del Estero (50,4%), Misiones (52,9%), Chaco (55,2%) y Corrientes (57,2%).

Acciones que se desarrollan en Santiago

En el período 2005/2006 y en de programas nacionales, en Santiago del Estero más de 1000 estudiantes han regresado a las aulas por el programa Todos a Estudiar y hoy más del 60% de los chicos están reinsertados en las aulas.
Además, merced al programa Volver a la Escuela, “existen 3.500 aspirantes de 6 a 14 años que volverán o iniciarán por primera vez su escolaridad en el presente ciclo lectivo”, según consigna un parte dado a conocer por la Secretaría de Prensa de la Gobernación.
“El gobierno, a través del Ministerio de Educación ha trabajado este primer año de gestión en las tareas de reordenamiento del sistema educativo. Entre las acciones merecen destacarse en este año de gestión, la extensión de la cobertura del Nivel Inicial, con 115 salas más y 24 nuevas en el mediano plazo; 101 extensiones de EGB3 en particular en la ruralidad; en el Nivel Medio se incrementaron las coberturas de cargos y horas cátedra y en el Nivel Superior no Universitario se abrieron ofertas educativas en institutos de formación docente del interior; se mejoraron los salarios incrementándose el índice docente después de 13 años; erradicación de escuelas rancho; creación de nuevas escuelas y refacción y mejoras de edificios escolares”, añade el parte.
Por otra parte, desde la entrada en vigencia de la ley federal de educación “la ausencia de un sistema homogéneo de educación, ha generado la diferencia de sistemas educativos en las distintas jurisdicciones provinciales, y las consecuencias de la realidad educativa que hoy se transitan. Las herramientas de la ley de financiamiento educativo y la reforma de la ley federal de educación, se estima que permitirán la igualdad de los argentinos en el acceso y en la calidad de la educación”, agrega.