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jueves, 25 de mayo de 2006

No hay castigo para los delitos informáticos

Nota publicada por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Espionaje a políticos y periodistas
Jueces y expertos advierten que existe un “vacío legal”

La investigación sobre el espionaje contra las cuentas de correo electrónico (e-mail) de políticos y periodistas realizado durante el último fin de semana puede quedar en la nada, al igual que muchas otras causas por hechos similares: ocurre que en la Argentina no existen penas específicas para los delitos informáticos ni técnicas adecuadas para perseguir esos crímenes.

Así lo manifestaron a LA NACION especialistas en la materia –y, en forma reservada, jueces y fiscales–, que alertaron sobre el riesgo de que la Argentina pueda transformarse en un virtual “paraíso informático”.

El problema viene desde hace varios años y, pese a las advertencias, los proyectos legislativos sobre el tema cayeron sucesivamente en desgracia, dejando sin cambio el vacío legal. La última iniciativa que envió el Poder Ejecutivo obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados en agosto de 2002, pero nunca se convirtió en ley.

"Esperemos que este último ataque movilice a los legisladores para que de una buena vez avancen en este sentido. La necesidad de un tratamiento y de una salida urgente se demuestra día a día", dijo a LA NACION el abogado Mauricio De Núñez, integrante de la comisión de expertos que elaboró el proyecto de 2002.

Para Marcos Salt, otro de los integrantes de esa comisión, la Argentina tiene un atraso importante en la materia. "Aunque algunos hechos podrían encuadrarse dentro de figuras tradicionales, hay un vacío sobre los delitos informáticos en general", dijo.

El experto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resaltó que en las últimas reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Argentina recibió pedidos sobre el tema. "Los reclamos apuntan tanto a la tipificación de los delitos informáticos como a la instrumentación de mecanismos de cooperación internacionales", agregó Salt.

Las Naciones Unidas también expresaron su preocupación sobre el tema en el último Congreso del organismo sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado el año pasado en Bangkok. Allí se recomendó a los Estados que "favorecieran la cooperación del sector privado en la investigación de los delitos informáticos".

El vacío legal también preocupa a algunos legisladores de la oposición. "En materia penal, la laguna jurídica es insalvable, toda vez que no hay norma que tipifique como delito la violación de la correspondencia electrónica y tampoco se permite aplicar de manera analógica otra norma parecida", consideró el vicepresidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Juan Carlos Marino (UCR).

Proyecto en marcha

En el Ministerio de Justicia informaron que la iniciativa elaborada el año pasado por una comisión integrada por representantes de esa cartera y de Cancillería se volcó en el anteproyecto de una reforma integral del Código Penal, presentado la semana pasada.

Esa iniciativa propone equiparar la violación de un e-mail a la de una carta de papel, delito que está penado con 15 días a seis meses de prisión, e introduce la penalización del daño informático, entre otras cosas.

"Existe un precedente jurisprudencial que equiparó la violación de un e-mail a la violación de una carta, pero es un caso aislado. Hoy no podríamos penar a alguien por hackear un e-mail", dijo a LA NACION un camarista federal.

Un juez del mismo fuero dio un ejemplo de las dificultades que deben superar en la investigación. "Para saber quién es el titular de una cuenta de Hotmail, hay que mandar un exhorto a Estados Unidos", contó.

En tanto, un fiscal explicó que en un caso de escuchas telefónicas descubrieron que el espionaje se hacía desde el exterior, a través de satélites. "La justicia penal no puede dar ninguna respuesta a eso", se resignó.

Otro juez consultado indicó que cuando un hackeo se hace desde un locutorio se puede constatar el hecho, pero no el autor.

El antecedente aislado que equiparó la violación de un e-mail a la de una carta data de 1999. Entonces la Sala VI de la Cámara del Crimen rechazó la desestimación de una demanda de directivos de la editorial Perfil contra el periodista Jorge Lanata.

Pero la necesidad de legislar sobre el tema fue advertida hasta por la Corte Suprema. De hecho, la comisión que elaboró el proyecto de 2002 se creó luego de que la Corte Suprema solicitó al Ministerio de Justicia que propiciara la legislación necesaria para sancionar delitos informáticos.

Unos meses antes, el juez federal Sergio Torres había sobreseído a un grupo de personas que había hackeado la página de Internet oficial del máximo tribunal. En su resolución, que luego quedó firme, el magistrado sostuvo que un sitio de Internet es algo inmaterial. "Una página web no puede asimilarse al significado de cosa. Ello es así, en tanto y en cuanto por su naturaleza no es un objeto corpóreo ni puede ser detectado materialmente", afirmó Torres.

El mismo magistrado procesó en 2002 a un hombre que había mandado un mail spam a la empresa en la que trabajaba. Claro que en ese caso, Torres no sancionó un delito informático, sino que aplicó la figura de daño. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y determinó que también se había producido una interrupción de las líneas de comunicación.

En materia de prevención también hay cuentas pendientes. Así lo advirtió Ariel Garbarz, el coordinador del Proyecto de Seguridad Teleinformática, una iniciativa de la UBA que supo impulsar el Gobierno. Para Garbarz, "hay tecnología suficiente, pero falta decisión política".

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