Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.

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miércoles, 24 de mayo de 2006

Transparencia, ante todo

Editorial del diario Los Andes (17/05/2006)

Hace algún tiempo, y refiriéndonos a la necesidad de transparencia en los diversos estamentos que componen el Estado, indicábamos que quienes los dirigen por haber sido elegidos por la ciudadanía o por ser funcionarios de carrera, deben realizar un claro y correcto manejo de los dineros públicos.

La idoneidad a que se refiere la Constitución como condición para ocupar un cargo público se compone de una serie de atributos, entre los cuales pueden mencionarse la ejecutividad, el aporte de ideas constructivas para el avance social, la habilidad de proyectar hacia el futuro cursos de acción, entre otras. A ellas debe ser sumada una de las más apreciadas por la generalidad de la gente: la honestidad.

Todas estas virtudes establecen un balance que asegura a los votantes, que son los que aportan para el sostenimiento de las estructuras del Estado, que quienes conducen los destinos de la Nación en sus distintas jurisdicciones, obran correctamente, que sus intereses están bien servidos y que el país se encuentra a salvo de peligros.

Es entonces cuando se pueden establecer proyecciones para el futuro, y asegurar para quienes sucedan a las generaciones presentes un nivel de libertad y bienestar compatibles con los ideales que nutren a las instituciones democráticas.

Lo ideal, en todas las sociedades humanas, corre por un carril; lo real, por otro. Y eso se advierte especialmente en la Argentina, que ha sufrido grandes y penosas crisis por defectos en la conducción del Estado, la incapacidad de su dirigencia para elaborar proyectos con sentido de utilidad en lo inmediato y de progreso en lo futuro, la negligencia en el manejo de los asuntos públicos y los efectos de una corrupción que niega valores sustanciales de la cultura nacional.

Cuando se establecen las sospechas, y en muchos casos con fundamento, de que existe corrupción en sectores de la dirigencia, todo el sistema queda en cuestión; incluso aquellos integrantes del mismo que en realidad pueden estar desempeñándose con corrección y honestidad.

Y uno de los esfuerzos que deben realizarse para que esa corrupción quede acotada, sus cultores presos y se restaure la confianza popular, es el de insistir en que los actos del Estado deben ser dados en forma clara al conocimiento del público.

Los secretos, las componendas a espaldas del pueblo deben ser erradicados y procederse con absoluta transparencia para asegurar a los contribuyentes que sus intereses están siendo debidamente atendidos.

Hace algún tiempo, criticábamos a organismos del Estado que no habían cumplido con la presentación que por ley deben realizar de sus balances de gastos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Entre ellos, figuraban varias municipalidades. Indicamos que los términos de ley para rendir cuentas deben ser cumplidos estrictamente, ya que de otra forma se alimentan las sospechas de que algo no se está haciendo bien.

Luego, y de esto hace unos días, el público se entera de que el Estado provincial se apresta a disponer un operativo de salvataje de los municipios provinciales que habían asumido deudas en dólares, impagables para muchos desde la devaluación.

Esto no puede ser realizado en forma indiscriminada. En primer lugar debe determinarse qué destino tuvieron los fondos -y eso incluye a todos lo que manejan las comunas- y para ello debe presentarse documentación en regla, algo que, como indicamos, no se ha cumplido en todos los casos.

Luego, si los préstamos se aplicaron a fines útiles y no a suplir deficiencias en el manejo de los dineros comunales. Por último, y si se demuestra que las cosas estuvieron bien conducidas, sí se puede acudir en ayuda de aquellos municipios que realmente lo necesiten.

Transparencia, ante todo.

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